Resumen: Se niega la eficacia y virtualidad de ese convenio al ser válidamente dejado sin efecto por comunicación de la demandada, dentro del plazo de tres meses desde su firma, considerando probado que, si bien la demandada acudió inicialmente a los servicios del letrado prescindió luego de tales servicios y fue posteriormente cuando las partes llegaron a un acuerdo de manera personal y sin asesoramiento letrado. Por burofax y dentro de los tres meses se denunció el convenio, que carece de eficàcia. En Derecho catalán hay que estar a la titularida formal antes que al origen del niumerario.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó; en estas sentencias, para fijar el importe de los perjuicios, no se descontaron los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, se estimó el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia, la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio; de la documentación aportada se desprende que el importe de los rendimientos obtenidos por las subordinadas durante el periodo de vigencia más el capital rescatado tras la intervención de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) , es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Resumen: La sala estima el recurso casación interpuesto frente a una sentencia que, en un procedimiento en el que se interesaba el cumplimiento de un acuerdo comunitario de demolición del cerramiento de una plaza de garaje, estimó la demanda por el carácter subsanable de los acuerdos contrarios a los estatutos de la comunidad y su sanación al haber caducado la acción para su impugnación. Tanto los estatutos como el título constitutivo permitían esos cerramientos; los demandados no impugnaron el acuerdo comunitario que les conminaba a la retirada del mismo. La sala desestima la infracción de los arts. 3, 5 y 17.6 LPH, ya que, aunque el acuerdo de demolición era contrario a los Estatutos, al no haber sido impugnado tenía plena validez y eficacia. Sin embargo, aplica la doctrina de los actos propios y estima el recurso de los comuneros. Los demandados eran adquirentes de la plaza de garaje y no meros usuarios, y el régimen de propiedad horizontal autorizaba de forma expresa y clara la facultad del cierre de la plaza de aparcamiento; por otro lado, la comunidad de propietarios no adoptó un acuerdo tendente a modificar esta previsión estatutaria, sin perjuicio, si quiera, de analizar si le hubiera sido posible adoptar ese acuerdo sin consentimiento del comunero. La junta adoptó el acuerdo contrario a los Estatutos después de ejecutadas las obras de cerramiento, que se realizaron al amparo de la norma estatutaria, por lo que se vulnera la doctrina de los actos propios y de la buena fe.
